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De comisarías a cárceles

Para los familiares de los detenidos, los calabozos de los comandos policiales son una prueba de supervivencia.
jueves, 06 diciembre 2018
Ilustración PRIMICIA/Jahel Prieto | Para los familiares de los detenidos, los calabozos de los comandos policiales son una prueba de supervivencia.

Dos, tres, cuatro y hasta 10 años puede llegar a pasar un recluso en los calabozos que están dentro de las distintas comisarías de Bolívar.
En muchos casos los reos son procesados, pero no reciben sentencia.
Robo, homicidio, violación y hurto son los delitos más comunes que llegan a los comandos policiales.
El coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) Humberto Prado, explica que estas comandancias son centros de detención preventiva y no penitenciarías o internados judiciales.
Prado explicó que los imputados deben pasar un tiempo mínimo en los calabozos.
Detalló que los funcionarios que llevan los casos tienen 12 horas para notificar el procedimiento, el Ministerio Público cuenta con 36 y el juez tiene 48 horas para tomar la decisión.
“Pero en Venezuela eso no se cumple, aquí difieren la audiencia todas las veces que sean necesarias y el imputado pasa mucho tiempo en el calabozo sin recibir sentencia”.
Aseveró que los centros policiales no cuentan con las estructuras de un centro penitenciario.
Una vez que el detenido llega hasta el comando queda en manos del Estado y el retardo procesal solo acarrea sobrepoblación en los centro de detención preventivos, lo que trae como consecuencias fugas masivas, enfermedades y muertes en los calabozos.

Muerte tras las rejas
Al menos ocho reos han fallecidos en las celdas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ciudad Guayana, desde finales de junio hasta la fecha.
En todos los casos las víctimas son sacadas a la emergencia del Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo, pero no resisten el traslado.
En el Libro de Novedades de la Brigada Hospitalaria reportan lo mismo: Ingresó detenido del Cicpc sin signos vitales.
Tuberculosis, infartos, asfixias, deshidratación y hematomas en el cuerpo son algunos de los diagnósticos.
El coordinador del OVP Bolívar, Luis Manuel Guevara, comentó que las torturas se suman como causantes de los decesos.
Guevara señala que los familiares de los fallecidos deben solicitar los resultados de la medicatura forense para saber con exactitud cuál fue el motivo del fallecimiento.
Con eso pueden dirigirse hasta la Fiscalía de Derechos Fundamentales para que el caso sea investigado y si hay funcionarios involucrados paguen por el delito.
El especialista indicó que en la sede de la policía científica actualmente existe sobrepoblación.
De acuerdo con sus declaraciones, en el Cicpc solo existe un calabozo con capacidad para 20 privados de libertad, pero en él conviven alrededor de 150.

Ya no son comisarías
Procesados, condenados y solicitados. En esas condiciones están los detenidos.
Prado y Guevara coinciden en que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario tiene que tomar cartas en el asunto, “pues ellos han convertido las comisaría en cárceles”.
El Cicpc, al igual que resto de las comisarías, es un retén transitorio, de lapso corto.
“Si son condenados de inmediato deben ser trasladados hasta el penal y tienen que recibirlos”, acotó Guevara.
A su juicio, desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios colocan muchas trabas, entre ellas que tienen que ser delitos graves.

Salud en riesgo
El hacinamiento es proporcional al quiebre de la salud.
Guevara considera necesaria la intervención del Ministerio de Salud Pública en la celda del Cicpc Guayana.
Asegura que muchos reos padecen de enfermedades contagiosas y ello ponen en riesgo al resto de sus compañeros, incluso a familiares y personal de la institución.
“Las rejas no paralizan una enfermedad”, agregó. Además, pide que sean evaluadas las condiciones donde habitan los privados de libertad.
El domingo 1 de julio a Germán Torrado lo llevaron hasta el Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo en una patrulla, pero mientras era atendido, murió.
Se supo que durante la madrugada solicitó ayuda a sus compañeros de celda porque se sentía muy mal.
Supuestamente trataron de auxiliarlo; sin embargo, fue en la tarde cuando un grupo de funcionarios lo llevó hasta el centro de salud.
Édgar Herrera fue llevado el domingo 18 de noviembre de este año a la emergencia del Hospital Dr. Raúl Leoni, procedente de los calabozos de Guaiparo. Murió y se desconocen las causas.
Igual ocurrió con Miguelángel Solís, quien estaba recluido en el Cicpc y fue trasladado al hospital de Ciudad Bolívar.
Otros procesados “corren con suerte” y superan diagnósticos.

Fugas
“En los comandos se fugan desde diez hasta 20 presos en un solo día y en esos centros no cuentan con una documentación, cuando esto pasa solo presentan la boleta de encarcelación del imputado”, apunta Prado.
Aseveró que puede ocurrir en los calabozos del Cicpc, Guardia Nacional Bolivariana, Policía del Estado Bolívar y todas las instituciones donde haya detenidos.
El 8 de septiembre de este año, 15 detenidos escaparon del Centro de Coordinación Policial Chirica y hasta la fecha no todos han sido recapturados.

Sin alimentos
Prado ve con mucha preocupación la falta de un presupuesto para la alimentación de los reclusos.
Argumentó que los imputados comen de los alimentos que les llevan sus familiares y en ocasiones deben compartirla con el preso que no tenga parientes.
Por lo general, las comidas llegan en horas de la mañana, pero los procesados las reciben en las tardes.
“Los alimentos son revisados por los funcionarios, para corroborar que no pase ningún instrumento ilícito”.
Aseguró que por el tiempo que tarda la comida en llegar hasta el recluso, puede estar descompuesta, generado enfermedades estomacales.
“Y lo peor es que en esos centro no hay ni pastillas para dolor”.
Los policías fueron formados para cuidar a los ciudadanos, su deber es estar en las calles, realizando patrullajes, operativos, puntos de control y atender el llamado de alerta de los residentes.
Estar al pediente de las zonas rojas de sus cuadrantes y estar a plena disposición de las personas que los necesiten, “ese es su trabajo”, argumentó el coordinador general del OVP.
Sin embargo, recordó que en la actualidad los oficiales pasan más tiempo al cuidado de los presos y al pendiente de cualquier irregularidad en los calabozos.
Los oficiales por lo general pasan el día llevando a los detenidos a los tribunales o a los hospitales, si hay alguna emergencia, “porque en los calabozos los internos no cuentan con asistencia médica”, insistió.

Poca iluminación
Repitió que los detenidos deben ser procesados y sentenciados en el tiempo que estima la ley, para que queden en libertad o sean llevados a penitenciarías.
“Con esto no quiero decir que las cárceles sean lo mejor, pero en los calabozos de los comandos no tienen espacios ni para tomar el sol, que es otra causa de enfermedades”, declaró.
Expuso que existen personas que están detenidas de manera injusta, pasa el tiempo y siguen en los calabozos, cuando pueden recibir una medida cautelar y esperar por el juicio en la calle.
Para el estado Bolívar, el OVP instó al Estado a construir dos cárceles de mujeres.
“Al igual que los hombres ellas tienen derecho a ser llevadas a un centro penitenciario, a que sus hijos y parejas puedan visitarlas”, señaló.
Cree conveniente que cuando las personas son privadas de libertad deben ser visitadas por especialista para saber cuál es su condición.

Odisea
Tener una persona detenida en cualquiera de los centros de reclusión se vuelve una odisea para los familiares.
Así lo relató Laura Martínez, de 40 años, madre de un muchacho de 19.
Su hijo fue detenido en julio del 2016. Lo atrapó una multitud luego de robar en un autobús. Laura recordó que ese día su hijo salió muy temprano de su casa ubicada en la invasión de 25 de Marzo.
Le dijo que iba a visitar a uno de los vecinos. Pero aproximadamente a las 4:00 de la tarde recibió una llamada.
Quien se comunicó solo le informó que su hijo estaba preso. Lo atrapó una comisión de la PEB, adscrita a la comisaría de Cachamay.
Los estadales no la dejaron pasar a ver a su hijo hasta las 9:00 de la noche.
“Yo me fui solo con el pasaje, no tenía ni para comprarle un pan”, dijo
Para ese instante el muchacho tenía toda la cara roja a causa de los golpes que había recibido.
“La mañana siguiente me fui muy temprano, le llevé una arepa y poquito se jugo, era todo lo que tenía para el día”, relató.
Quienes estaban a cargo del caso le informaron a Laura que el caso ya estaba en manos de la Fiscalía, así que en lo próximos días su hijo sería presentado y así fue.
“Lo llevaron a tribunales tres días seguidos, pero la audiencia de presentación fue diferida siempre, ha pasado el tiempo y mi muchacho no ha sido presentado”, denunció.
Para esperar sentencia lo llevaron hasta los calabozos de la comisaría Guaiparo, “desde ese día comenzó mi odisea y la suya en el calabozo”.
Ante esta situación, ninguno de los encargados de los retenes transitorios emite declaraciones.

Atención
Humberto Prado dijo que los privados de libertad deben recibir atención desde que son llevados hasta el comando.
Desde que están en ese lugar quedan bajo la responsabilidad del estado, apuntó.
“Sea cual sea el delito que cometieron, los presos tiene derechos que deben ser respetados por las autoridades”, aseguró.

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